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El revuelo mediático comenzó cuando un medio español informó de que el Ministerio del Interior había adjudicado a Huawei un contrato de 12.3 millones de euros para custodiar las escuchas judiciales mediante sus servidores OceanStor 6800 V5, integrados en el Sistema Integrado de Interceptación Legal de Telecomunicaciones, conocido como SITEL. No hablamos de antenas, de dispositivos de comunicaciones, de terminales ni de 5G: hablamos de almacenamiento seguro y auditable, contratado tras un procedimiento de subasta pública transparente.
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